Recientemente se ha publicado en boletín oficial la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que entrará en vigor el 25 de Junio.

En materia de protección de datos resultan destacables algunos aspectos que afectan a los centros educativos.

Sobre el deber de comunicación de situaciones de violencia y entre ellas, en materia de protección de datos

El artículo 15 establece:

Artículo 15. Deber de comunicación de la ciudadanía.

Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise.

El mencionado deber de comunicación sobre situaciones de violencia tiene su desarrollo en el siguiente artículo y además establece en protección de datos una concreta obligación para el personal cualificado de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos aquellas situaciones que puedan comportar una vulneración del derecho a la protección de datos del menor.

Artículo 16. Deber de comunicación cualificado.

1. El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos.

En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los centros de protección a la infancia y de responsabilidad penal de menores, centros de acogida de asilo y atención humanitaria de los establecimientos en los que residan habitualmente o temporalmente personas menores de edad y de los servicios sociales.

2. Cuando las personas a las que se refiere el apartado anterior tuvieran conocimiento o advirtieran indicios de la existencia de una posible situación de violencia de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a los servicios sociales competentes.

Además, cuando de dicha violencia pudiera resultar que la salud o la seguridad del niño, niña o adolescente se encontrase amenazada, deberán comunicarlo de forma inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y/o al Ministerio Fiscal.

3. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 1 adviertan una posible infracción de la normativa sobre protección de datos personales de una persona menor de edad, deberán comunicarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos.

4. En todo caso, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán prestar a la víctima la atención inmediata que precise, facilitar toda la información de que dispongan, así como prestar su máxima colaboración a las autoridades competentes.

A estos efectos, las administraciones públicas competentes establecerán mecanismos adecuados para la comunicación de sospecha de casos de personas menores de edad víctimas de violencia.

Ciertamente, en la norma no existe una definición sobre el concepto de “personal cualificado” lo cual puede generar cierta inseguridad jurídica pero obviamente, parece recomendable articular internamente normas o reglamentos que prevean cómo orientar situaciones de índole similar.

En cualquier caso, parece recomendable poner a disposición de los órganos de dirección y especialmente de la persona delegada de protección de datos situaciones que afecten a la protección de datos de menores en la medida en que es una figura de designación obligatoria en los centros docentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.1.b de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos.

La Ley Orgánica de protección de la infancia y la adolescencia establece que podrán ser las autoridades autonómicas competentes las que deberán desarrollar protocolos en materia de actuación contra situaciones de violencia ejercida sobre menores que obviamente, incluirán aspectos en protección de datos.

Designación de coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado

El artículo 35 de la Ley Orgánica analizada, dispone  que todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado y entre sus funciones figura

[…]

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos

Capacidad de los menores para actuar ante la Agencia y su responsabilidad ante infracciones

Finalmente, cabe destacar que las personas menores de edad pueden presentar denuncias ante las Agencias de Protección de Datos (Art 52.3)  y que incluso los menores entre 14 y 18 años pueden ser sancionados por vulnerar la normativa de protección independientemente de que los padres/tutores deban responder solidariamente de la sanción administrativa.

Recientemente, varios compañeros y compañeras se hacían eco de la siguiente noticia:

https://www.diariovasco.com/sociedad/ertzaintza-empezara-utilizar-20210430103846-nt.html

¿Cuál sería el encaje jurídico relativo a la licitud y proporcionalidad aplicable a dichas cámaras?

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recurren a medios tecnológicos cada vez más sofisticados para llevar a cabo sus actuaciones de servicio público, y el uso de la videovigilancia no es novedoso si bien en el caso presente, cabe analizar el encaje normativo de las cámaras colocadas en uniformes de agentes con capacidad para captar espacios públicos de modo continuado y por lo tanto, igualmente resulta necesario analizar la proporcionalidad de la misma en función del fin perseguido o bien jurídico colectivo a proteger como es la seguridad ciudadana.

LICITUD, FINALIDAD Y COMPETENCIAS

La captación de imágenes en espacios públicos por fuerzas y cuerpos de seguridad con fines de seguridad ciudadana encuentra su regulación en la Ley Orgánica 4/1997 como no puede ser de otra manera dado que son las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los encargados de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad pública.

Recordemos brevemente en la exposición de motivos de dicha Ley cuál es encaje y necesidad de regulación normativa de la captación de las imágenes de las personas mediante dispositivos de videovigilancia:

“[…]

La prevención de actos delictivos, la protección de las personas y la conservación y custodia de bienes que se encuentren en situación de peligro, y especialmente cuando las actuaciones perseguidas suceden en espacios abiertos al público, lleva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al empleo de medios técnicos cada vez más sofisticados. Con estos medios, y en particular mediante el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento, se incrementa sustancialmente el nivel de protección de los bienes y libertades de las personas. Ahora es oportuno proceder a la regulación del uso de los medios de grabación de imágenes y sonidos que vienen siendo utilizados por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, introduciendo las garantías que son precisas para que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución sea máximo y no pueda verse perturbado con un exceso de celo en la defensa de la seguridad pública.

[…]”

Asimismo, la reserva de Ley mediante Ley Orgánica encuentra su razón de ser en la posible afección a otros derechos fundamentales como la intimidad.

Visto lo anterior, y de acuerdo con la noticia expuesta, se considera que las cámaras en uniformes de agentes representarían cámaras móviles lo cual exige cumplir el régimen de garantías y principios dispuestas en la LO 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

En el caso de Euskadi, además, se ha desarrollado dicha normativa mediante Decreto 168/1998, de 21 de julio, por el que se desarrolla el régimen de autorización y utilización de videocámaras por la Policía del País Vasco en lugares públicos regulado en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.

Ambas disposiciones establecen que la finalidad de la captación de imágenes y sonidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante videocámaras en lugares públicos, abiertos o cerrados, debe contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública.

AUTORIZACIÓN PREVIA

Con carácter general, el uso de cámaras fijas para captar espacios públicos requiere una autorización previa de órganos colegiados que emiten el preceptivo informe de análisis de licitud y proporcionalidad de acuerdo con los criterios y principios de la LO 7/97.

En el caso de las cámaras móviles, como en el supuesto de cámaras en uniformes, cabe una autorización previa de uso por el máximo responsable provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en función de “los eventuales hechos susceptibles de filmación, adecuando la utilización del medio a los principios previstos en el artículo 6 LO 4/97”

La resolución motivada que se dicte autorizando el uso de videocámaras móviles se pondrá en conocimiento de la Comisión prevista en el artículo 3 en el plazo máximo de setenta y dos horas, la cual podrá recabar el soporte físico de la grabación a efectos de emitir el correspondiente informe.

En Euskadi, las autorizaciones previas las pueden emitir Directores del Departamento de Seguridad de Gobierno Vasco pero aun así, deben remitir la resolución de autorización a la Comisión de Videovigilancia y Libertades que puede evacuar el correspondiente informe sobre la licitud, principios y en su caso, si concurre el peligro concreto o la situación de máxima urgencia.

En cualquier caso, el uso y autorización de cámaras móviles deben justificar la necesidad e idoneidad mediante petición razonada de acuerdo con las reglas y principios previstos en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos

Y recordemos que los artículos mencionados establecen que debe concurrir un peligro concreto (Art 5.1 LO 4/97), salvo en casos de máxima urgencia, lo cual no parece aplicarse al supuesto analizado y atender a los principios del artículo 6, fundamentalmente relativos a la proporcionalidad que pasamos a revisar a continuación.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

La utilización de videocámaras debe cumplir el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.

• La idoneidad determina que sólo puede emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana
• La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización

De acuerdo con la doble vertiente expuesta, quizá es excesivo autorizar las cámaras en uniformes porque las autorizaciones quizá deberían emitirse en función de que exista un peligro concreto para la seguridad ciudadana (art 6.4 de la LO 4/1997) y por otro lado, la ponderación a realizar caso por caso parece materialmente imposible si la captación se realiza de continuo de tal modo que los agentes puedan grabar espacios públicos simplemente paseando por las calles.

La ponderación previa entendemos que debería acotarse a supuestos concretos que así requieran una modulación de la captación en la que puedan tenerse en cuenta elementos no sólo relativos al peligro concreto (como puede un evento deportivo declarado de alto riesgo, situaciones que produzcan aglomeraciones masivas con peligro para las personas, etc.) sino también referentes al alcance temporal y limitado a un lugar, previa información a la ciudadanía, etc.

DERECHO A SER INFORMADOS

La normativa reguladora de la videovigilancia por FFCC de seguridad del Estado establece que la ciudadanía debe ser informada acerca de la captación mediante sistema de videovigilancia.

de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable

No se indica nada al respecto de cámaras móviles, por lo que parece complicado advertir de antemano de manera clara y permanente acerca de la recogida y finalidad del tratamiento de datos mediante cámaras colocadas en uniformes.

Sin perjuicio de lo anterior, recordemos que recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos, interpretó en una resolución de archivo de actuaciones una denuncia contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada indicando que el uso de drones para realizar videovigilancia en lugares públicos era una actuación proporcional y adecuada en supuestos, horarios y lugares concretos por seguridad del tráfico y seguridad ciudadana porque fundamentalmente se encontraba acotado el alcance y necesidad, esto es, la proporcionalidad de la captación y además, se había informado debidamente a la ciudadanía mediante carteles al efecto y en redes sociales.

En el caso de las cámaras móviles en uniformes de agentes ¿de qué modo se podrá informar a la ciudadanía de antemano a fin de cumplir con el deber de informar? ¿Mediante redes sociales u otros medios de comunicación como portal de internet de la institución competente? ¿Y cuál sería el alcance y la proporcionalidad de la actuación?

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS

La normativa de protección de datos establece la necesidad de realizar una evaluación de impacto en la protección de datos, cuando se produzca una observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público (Art 35.3.c RGPD).

Ciertamente, el RGPD no define qué se entiende por gran escala aunque el considerando 91 ofrece alguna orientación. De esta forma, para valorar si el tratamiento se realiza a gran escala se recomienda tener en cuenta los siguientes factores:

• Número de interesados afectados, bien como cifra o como proporción de la población correspondiente.
• El volumen de datos o la variedad de elementos de datos distintos que se procesan.
• La duración, o permanencia, de la actividad de tratamiento de datos.
• Alcance geográfico de la actividad de tratamiento.

Por lo tanto, y a los efectos de realizar las EIPD en videovigilancia, cuyo tratamiento supone una observación sistemática, el elemento que determinará la necesidad o no de su realización es que dicho tratamiento sea a gran escala.

Por ejemplo, y atendiendo a los criterios para determinar que existe gran escala, podría darse en la utilización de la videovigilancia en espacios de acceso público como pueden ser plazas, calles o grandes centros comerciales.

Asimismo, el mencionado documento del Grupo del Artículo 29 también se refiere a la necesidad de realizar una evaluación de impacto de la protección de datos, en base al artículo 35.1 del RGPD, cuando se utilicen nuevas tecnologías, que pueda implicar un alto riesgo para derechos y libertades de las personas.

En definitiva, quizá resulte necesario realizar, previamente a la captación de imágenes de modo generalizado, una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos que fundamentalmente analice la licitud y proporcionalidad del tratamiento (Art 35.7 RGPD) a fin de implementar medidas de reducción del riesgo y en caso de el riesgo residual siga siendo elevado, realizar las consultas previas pertinentes a las Autoridades de Control.

CONCLUSIONES

La videovigilancia en espacios públicos por motivos de seguridad ciudadana encuentra su reserva de Ley justificada en la posible colisión entre derechos fundamentales, esto es, resulta necesaria una regulación expresa que concilie el derecho a la intimidad de la ciudadanía con aquellos derechos o bienes jurídicos colectivos dignos de protección como la seguridad de la ciudadanía.

En este sentido, parece deseable una normativa específica que regule los supuestos de la captación de imágenes mediante cámaras en uniformes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con objeto de que coadyuve a conciliar los fines perseguidos por la Administración, asegurar la convivencia pacífica en espacios públicos y acredita la proporcionalidad de las actuaciones policiales sin lesionar otros derechos igualmente protegibles como la intimidad.

En este sentido, clarificar la expresión peligro inminente y los supuestos específicos en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad precisan una mayor y mejor protección y garantía de sus actuaciones policiales quizá ayudaría a conocer de antemano cuándo se producirá la captación de espacio público sin producir otros quebrantos en el derecho a la intimidad.

En el presente post, se exponen algunos matices y límites que surgen fruto de la confrontación entre distintos bienes jurídicos a proteger.  En el ámbito de la vigilancia de la salud laboral, el debate jurídico surge entre el derecho a la intimidad y algunos supuestos de reconocimientos médicos obligatorios y que excepcionan a la regla general del consentimiento de la persona trabajadora  para someterse a los mismos.

El artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dispone que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo

Artículo 22. Vigilancia de la salud.

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

[…]

La garantía que el empresario ha de aportar resulta obligatoria si bien queda pendiente del consentimiento otorgado por la persona trabajadora tal y como se desprende del segundo párrafo el apartado 1 del artículo 22. Se trata del principio de voluntariedad que, a criterio de la persona trabajadora, puede someterse o no, al reconocimiento médico o incluso para decidir qué pruebas médicas desea realizar.

El principio de voluntariedad no es absoluto en tanto en cuanto el mencionado artículo, describe algunos supuestos que excepcionan a dicha voluntariedad y, por lo tanto, al consentimiento resultando, en definitiva, obligatorios.

De este modo, la preservación del derecho a la intimidad expresada mediante el consentimiento puede colisionar con otros derechos y pueden primar otros bienes jurídicos a proteger. Por ejemplo, el derecho a unas condiciones de salud y seguridad en el medio laboral que permitan garantizar un trabajo sin riesgos y de este modo, cuando ello requiera que el reconocimiento médico resulte imprescindible.

Los supuestos que exceptúan la voluntariedad del reconocimiento médico serían los siguientes:

1. Cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores
2. Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.
3. Cuando la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

La primera de las excepciones implica la obligatoriedad del reconocimiento médico cuando su práctica resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. La utilización legal del término imprescindible implica que la obligatoriedad del reconocimiento solo se producirá cuando éste sea absolutamente necesario para conseguir el fin que ampara la excepción y deja fuera de ésta aquellos supuestos en los que resulten convenientes, aconsejables o útiles. El reconocimiento, para poder considerarlo obligatorio, deberá ser, ante la negativa del trabajador, el único procedimiento para evaluar los riesgos que afecten a la salud del trabajador. En cualquier caso, la obligatoriedad no puede imponerse si únicamente está en juego la salud del propio trabajador (por ejemplo, porque fuma en exceso), sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable tal y como sostiene el Tribunal Constitucional (STC 196/2004, de 15 de noviembre).

El punto 2 se refiere a la necesidad de verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

Tal excepción hay que conectarla con la previsión contenida en el párrafo segundo del artículo 25.1 LPRL que dispone que los trabajadores no podrán ser empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su capacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Así frente al derecho del trabajador a proteger su intimidad, la ley ampara el derecho a la salud de sus compañeros o de las personas que puedan encontrarse en el medio laboral. El derecho del trabajador afectado a negarse al reconocimiento cede y termina donde empieza el riesgo grave para la vida, integridad y salud de terceros que no pueden verse afectados por la indolencia del trabajador renuente.

Para determinar el alcance del mencionado supuesto, cabe hacer mención al fundamento jurídico quinto de la Sentencia del Tribunal Supremo 3046/2015 en el cual se pondera y analiza el derecho a la intimidad frente al riesgo o peligro objetivable y que determina la obligatoriedad para someterse al reconocimiento médico:

La jurisprudencia constitucional ya citada ha examinado los supuestos de reconocimiento obligatorio y ha concluido que «un riesgo efectivo en la salud por las características personales, anatómicas o biológicas del sujeto o por razones objetivas del puesto de trabajo», o bien deben concurrir «factores objetivos o indicios racionales de afectación que conecten el caso concreto con previsiones legales como las de los arts. 25.1, segundo párrafo, LPRL , o 196, apartados 1 y 3, LGSS». En síntesis, pues, la obligatoriedad sólo puede imponerse si existe un riesgo o peligro objetivable

[…]

Por tanto, hemos de partir de que la detección de enfermedades que conviertan en inadecuadas las tareas encomendadas evitarán que los propios trabajadores puedan tener que ser auxiliados en situaciones de emergencia, haciendo surgir un riesgo para terceros […]”

El último supuesto, referente al punto 3, cabe analizarse desde el punto de vista de la reciente Doctrina del Tribunal Supremo dictada mediante sentencia de 7 de Marzo de 2018 en la cual se alega el derecho a la intimidad por parte de personal de seguridad para no someterse a reconocimientos médicos.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, los derechos fundamentales no son ilimitados ni absolutos, pueden ser sometidos a restricciones, por lo que el derecho fundamental a la intimidad personal puede ceder ante otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación se fundamente en una previsión legal amparada en la Constitución, el fin perseguido resulte legítimo y además, sea proporcional.

Así se expresa en su sentencia el Tribunal Supremo, en su fundamento jurídico cuarto:

Tal como pone de relieve el informe del Ministerio Fiscal, resulta que la obligatoriedad del reconocimiento médico aquí examinada se encuentra prevista en la ley como excepción, por lo que la previsión legal exigida por el Tribunal Constitucional se cumple; además la restricción del derecho resulta necesaria sin que exista ninguna otra medida alternativa al reconocimiento médico para verificar el estado de salud del trabajador y existe proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y el beneficio que se pretende obtener (preservar la salud del propio trabajador; de sus compañeros de trabajo y de terceros que se relacionen con el trabajador por motivo de su relación laboral.

En relación con el supuesto de hecho planteado y enjuiciado, el Tribunal Supremo pondera y valora los derechos en conflicto y si cabe la excepción aplicable a la voluntariedad del reconocimiento médico en los siguientes términos:

3.- La proyección de las anteriores previsiones al supuesto examinado conduce a considerar que nos encontramos ante supuestos que se encuadran, sin dificultad, en el ámbito de las excepciones examinadas. En efecto, si partimos de la idea de que la obligatoriedad solo podría imponerse ante la existencia de un riesgo o peligro objetivable ( STS de 10 de junio de 2015, Rec. 178/2014 ), resulta patente que en una actividad como la que concierne a este supuesto, la detección de enfermedades o patologías que incidan en la prestación del trabajo, podrían convertir en inadecuadas algunas de las tareas encomendadas por el riesgo que supondría su realización en determinadas circunstancias de salud. La Sala tiene muy presente que las funciones que desempeñan los colectivos de referencia implican la realización de actividades especialmente delicadas y sensibles respecto de otros compañeros y, especialmente de terceras personas. Así, entre otras funciones, pueden ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión; efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio. También la ley les asigna la función de evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección. Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios. Los escoltas, además, tienen encomendado el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos. A la vista de esas funciones, la vigilancia de la salud, en su vertiente de instrumento al servicio de la prevención de riesgos laborales aparece como decisiva para garantizar el derecho a la salud de cuantos intervienen en el ámbito de la relación laboral y de los terceros que con ellos se relacionan y, en ese sentido entronca directamente con el artículo 14 LPRL que establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derecho al que se corresponde el correlativo deber empresarial de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. No cabe duda, por tanto, de que la vigilancia de la salud es, en los supuestos aquí examinados, tanto desde la perspectiva de derecho del trabajador como de la obligación empresarial, un instrumento al servicio de la prevención de los riesgos laborales que, según los casos, puede alcanzar una gran importancia y convertirse en un pilar básico sobre el que poder construir la actividad preventiva en la empresa.

El Tribunal Supremo considera que, el hecho de que “el personal afectado por el presente conflicto debe contar con una habilitación especial administrativa para cuya obtención resulta necesario la superación de pruebas físicas y la evaluación de su salud…” no lo desvirtúa, ya que “…, no tienen la misma finalidad las pruebas o exámenes físicos o psicotécnicos para la obtención o conservación de la habilitación para el ejercicio de la profesión que los reconocimientos médicos que puedan ser necesarios en función del artículo 22 LPRL.”

Por tanto, en este caso de los vigilantes de seguridad privada, los reconocimientos médicos son obligatorios. Independientemente de que, para portar armas deban obtener un habilitación o autorización administrativa específica tal y como expone el Alto Tribunal en los siguientes términos:

En efecto, por un lado, no tienen la misma finalidad las pruebas o exámenes físicos o psicotécnicos para la obtención o conservación de la habilitación para el ejercicio de la profesión que los reconocimientos médicos que puedan ser necesarios en función del artículo 22 LPRL . Aquéllos se sitúan en un plano individual y tratan de garantizar la concurrencia de unas condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio de las actividades inherentes a las profesiones para cuya habilitación se requieren. En cambio, los reconocimientos médicos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales están al servicio de la salud y seguridad en la empresa y constituyen un instrumento para que el empresario pueda cumplir con su deber de proporcionar una protección eficaz en materia de seguridad y salud y del correlativo derecho de todos los trabajadores a obtener tal eficaz protección. Siendo sus finalidades radicalmente distintas, es absurdo pretender que aquellos exámenes puedan sustituir los reconocimientos médicos que analizamos que, reiteramos, están al servicio de la seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa y de una adecuada política de prevención de riesgos laborales.

De este modo, la obtención de un título o licencia para la cual se deban acreditar condiciones médicas adecuadas, no parece resultar incompatible con la obligatoriedad de realizar reconocimientos médicos con una periodicidad adecuada y pertinente en coherencia con la sentencia anteriormente mencionada.

Con carácter general, y de acuerdo a la Doctrina Constitucional, se vulneraría el derecho a la intimidad personal cuando la actuación sobre su ámbito propio y reservado no sea acorde con la ley y no sea consentida, o cuando, aun autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida.”